1 de diciembre de 2024
El juez de la Novena Sala Penal del Distrito Nacional, Vladimir Rosario, dispuso que Leonardo Faña pague una

El juez de la Novena Sala Penal del Distrito Nacional, Vladimir Rosario, dispuso que Leonardo Faña pague una indemnización de 500 mil pesos en la demanda por difamación e injuria que le hizo el ministro administrativo de la Presidencia, José Ramón Peralta.

Se recuerda que el ministro José Ramón Peralta demandó al presidente del Frente Agropecuario del Partido Revolucionario Moderno (PRM) por los delitos de difamación e injuria.

Faña había difundido a través de los medios de comunicación que Peralta tenía una mafia en la importación de habichuelas y otros productos agrícolas.

“En mi caso y otros similares se ha hecho justicia y debe servir para advertir a los mal intencionados. La honradez siempre acabará demostrándose. La verdad se ha impuesto sobre una sucesión de acusaciones que se han demostrado falsas y mal intencionados”, dijo el ministro en su cuenta de Twitter.

La barra de defensa del ministro Administrativo de la Presidencia, José Ramón Peralta, había solicitado que Faña fuera condenado a ocho meses de prisión por los delitos de difamación e injuria.

Al realizar sus conclusiones ante el juez también solicitaron que, en cuanto a la parte civil, Faña fuera condenado al pago de RD$6 millones por los daños y perjuicios por la difamación en contra de Peralta. Además de que se le imponga el pago de RD$8 millones por el delito de injuria.

Este dinero sería donado a la escuela de Agronomía de la Universidad Autónoma Santo Domingo (UASD) y el Instituto Loyola para la formación de nuevos profesionales.

Se recuerda que el ministro José Ramón Peralta demandó al presidente del Frente Agropecuario del Partido Revolucionario Moderno (PRM) por los delitos de difamación e injuria. Faña había difundido a través de los medios de comunicación que Peralta tenía una supuesta mafia para la importación de habichuelas y otros productos agrícolas.

Previamente, los abogados de Faña habían dicho que pedirían al tribunal declarar inadmisible la imputación, bajo el alegato de que desde abril de 2016 con la sentencia Tribunal Constitucional -TC 0075- dejó de existir la legislación que establece la difamación e injuria.

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