18 de mayo de 2025

El 16 de marzo de 2023, Frengel José Reyes Mota, un joven venezolano que había llegado a Estados Unidos en busca de asilo, se encontró en una pesadilla que pocos migrantes imaginan al solicitar protección.

Lo que debía ser una cita rutinaria con las autoridades migratorias en Tampa, Florida, terminó siendo el comienzo de una historia trágica de deportación y encarcelamiento en El Salvador.

Reyes Mota, quien llegó a Estados Unidos en 2023 huyendo de la crisis en su país, se presentó voluntariamente ante el Departamento de Seguridad Nacional con la esperanza de regularizar su situación.

Sin embargo, en lugar de recibir la protección que buscaba, fue arrestado y deportado a su destino final: el Centro de Confinamiento del Terrorismo en El Salvador, una megacárcel famosa por albergar a supuestos miembros de las bandas criminales más temidas de la región, como el Tren de Aragua y la Mara Salvatrucha.

Lo que desconcertó aún más a su familia y a sus defensores fue la razón detrás de su deportación. Según el Departamento de Seguridad Nacional, Reyes Mota habría sido vinculado con el Tren de Aragua, pero sin presentar ninguna evidencia concreta que respaldara esa acusación.

En declaraciones a Univision, su esposa, Fliyanara Sánchez, negó categóricamente cualquier vínculo criminal. «Mi esposo no tiene antecedentes penales, no tiene tatuajes, ni un historial criminal», aseguró, preocupada por la injusticia que su marido estaba viviendo.

Un documento oficial del gobierno venezolano presentado en la corte de inmigración corroboró la versión de Sánchez: Reyes Mota nunca había tenido problemas con la justicia en su país de origen.

A pesar de esta evidencia, su deportación fue ejecutada, y su destino fue un penal donde el régimen de Nayib Bukele mantiene a miles de prisioneros, incluidos supuestos miembros de organizaciones criminales.

Sánchez, que reside en Estados Unidos con su hijo de 10 años, ha clamado por justicia. En su desesperación, ha solicitado una revisión del caso y ha pedido la intervención de las autoridades salvadoreñas para liberar a su esposo.

“No pido más que lo que es justo, que revisen su caso, que vean que no tiene antecedentes. Le he escrito al presidente Bukele, pidiéndole que revise los antecedentes de mi esposo, pero hasta ahora no he recibido respuesta”, declaró con la voz quebrada.

El testimonio de Sánchez también refleja la profunda herida que esta situación está causando a su familia.

“Mi hijo solo pidió un regalo de cumpleaños: volver a ver a su papá”, dijo con lágrimas en los ojos. La familia no busca riquezas ni lujo, solo la oportunidad de reunirse y vivir en paz. «Yo no vine a este país a ser rica, vine a darle un futuro a mi hijo, a estar bien con mi esposo», expresó la mujer, pidiendo un trato justo para su familia.

El gobierno de Nayib Bukele, por su parte, ha defendido la deportación de estos migrantes, incluyéndolos en una categoría de «delincuentes y asesinos», aunque no ha presentado pruebas claras que respalden esta acusación.

El presidente salvadoreño ha aceptado la llegada de migrantes deportados desde Estados Unidos, pero con una narrativa de criminalización que ha sido ampliamente criticada por defensores de los derechos humanos.

Este tipo de deportaciones no es nuevo. Durante la administración de Donald Trump, se intensificaron las expulsiones bajo la Ley de Enemigos Extranjeros, una normativa de 1798 que permite deportar a migrantes sin una audiencia judicial previa.

El caso de Reyes Mota es solo uno de los muchos que han desatado un debate sobre la justicia y la transparencia en las políticas migratorias de ambos países.

Mientras tanto, la familia de Reyes Mota sigue esperando, aferrada a la esperanza de que se haga justicia y de que un día, el padre pueda regresar con ellos, como lo deseó su hijo.

 

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