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Por Rafael Castro
Santo Domingo, República Dominicana
En una medida sin precedentes en el sistema de salud pública dominicano, la Dirección General de Migración (DGM) comenzará este lunes la implementación de un nuevo protocolo de verificación migratoria en 33 hospitales públicos considerados estratégicos en todo el territorio nacional.
Esta acción, respaldada por las disposiciones del presidente de la República, Luis Abinader, marca un giro significativo en la forma en que el país aborda la atención médica a pacientes extranjeros.
La iniciativa tiene como eje central garantizar la sostenibilidad del sistema hospitalario, ordenando la atención a pacientes de otras nacionalidades bajo un marco regulatorio migratorio.
Según lo establecido, inspectores y agentes de Migración estarán presentes en los centros seleccionados para verificar que cada paciente cuente con documentación válida, carta de trabajo, prueba de domicilio en la República Dominicana y, de ser posible, cubra los costos de los servicios de salud recibidos.
Sin embargo, la atención médica no será negada en casos de emergencia. Conforme a lo estipulado por el Poder Ejecutivo, los pacientes en condición irregular recibirán la atención necesaria y, tras su recuperación, serán repatriados en cumplimiento de la normativa vigente.
El director general de Migración, vicealmirante Luis Rafael Lee Ballester, enfatizó que la aplicación de este protocolo se realizará bajo los principios del debido proceso y con pleno respeto a los derechos humanos.
Se prestará especial atención a los grupos más vulnerables, como menores de edad, mujeres embarazadas y pacientes en estado crítico, quienes continuarán recibiendo asistencia prioritaria sin discriminación.
Antes de la entrada en vigor del protocolo, la DGM llevó a cabo un proceso de socialización junto al Servicio Nacional de Salud (SNS), mediante talleres dirigidos a personal médico, administrativo y de seguridad de los hospitales implicados.
El objetivo fue asegurar que todos los actores comprendan los lineamientos técnicos y procedimentales, además de estar capacitados para actuar de forma coordinada y humana ante diversas situaciones.
Este nuevo protocolo no solo refuerza el control migratorio en espacios públicos sensibles, sino que también busca proteger los recursos del sistema de salud, que enfrenta una creciente presión ante la alta demanda de servicios, particularmente en zonas fronterizas.
La medida ha generado opiniones divididas en diversos sectores. Mientras algunos valoran el intento de poner orden y transparencia en el uso de recursos públicos, otros expresan preocupación por el posible impacto en el acceso a la salud de poblaciones migrantes en situación de vulnerabilidad.
No obstante, el gobierno asegura que la política está diseñada para equilibrar el derecho a la atención médica con la necesidad de una gestión migratoria más eficiente.
Con esta acción, la DGM reafirma su compromiso con el fortalecimiento institucional, el respeto a las leyes y la eficiencia en el uso de los recursos del Estado.
Resta por ver cómo se desarrollará la aplicación de este protocolo en la práctica y cuál será su impacto real en los hospitales, en la población extranjera y en la percepción ciudadana sobre la política migratoria nacional.
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