rafael El Presidente de la Fundación Justicia y Transparencia (FJT), Trajano Potentini proclamó la necesidad de modificar y ajustar la nueva ley de lavado de activos No. 155-17, a la Constitución y a la idiosincrasia de la República Dominicana.
“Esto así, por lo paradójico y perturbador que resultan sus disposiciones al desconocer los principios que sustentan el denominado Estado social y democrático de derecho”, señaló Potentini en la conferencia Control Constitucional y Convencional del lavado de activos, en el marco de la celebración del VII Congreso Panameño de Derecho Procesal Constitucional, en la ciudad de Panamá.
A juicio del abogado experto en derecho constitucional, la ley debe ser reformada aclarando y definiendo los umbrales y topes para el uso del efectivo, permitiéndole al efectivo que circule en los términos de los artículos 230 y 231 de la Constitución dominicana, además de aclarar y delimitar racionalmente las funciones de los sujetos obligados no financieros, definir el alcance de los delitos tributarios y de alta tecnología como infracciones precedentes para configurar el lavado de activos y ponerle límites a la capacidad reglamentaria de los órganos estatales sectoriales, además de contemplar una amnistía fiscal que permita transparentar y organizar el tema patrimonial e impositivo.
Al referirse a la viabilidad de un control efectivo en el orden constitucional y convencional, lamentó que a nivel de las estructuras internacionales, tales como la corte y la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, no se advierte que se le dé ninguna importancia o trascendencia al tema, ya que solo le dan prioridad a los temas de libertad de expresión, medio ambiente, nacionalidad, grupos vulnerabilizados, entre otros.
El presidente de Justicia y Transparencia definió el espacio del control constitucional como la “única esperanza para reorientar la ley a la filosofía y esencia del neoconstitucionalismo, centrando su atención siempre en las personas y sus derechos fundamentales, dejándoles la experiencia de la República Dominicana, donde el Colegio de Abogados radico una acción directa de inconstitucionalidad en contra de la ley”.
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