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El pais.Entrevista al Procurador General de la Republica, Jean Alain Rodríguez, informó que en el caso de los aviones Súper Tucano y los expedientes del Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (INAPA)Hoy/Pablo Matos 1-09-2016
En una audiencia celebrada este jueves, el Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional decidió modificar las medidas de coerción impuestas al exprocurador general de la República, Jean Alain Rodríguez, principal acusado en el sonado caso de corrupción administrativa conocido como “Operación Medusa”.
El tribunal revocó el arresto domiciliario y ordenó el retiro del grillete electrónico que debía portar, permitiéndole a Rodríguez moverse sin supervisión electrónica.
No obstante, la corte dispuso mantener otras restricciones importantes, como el impedimento de salida del país y la obligación de pagar una garantía económica ascendente a 30 millones de pesos dominicanos.
Jean Alain Rodríguez, quien fue titular de la Procuraduría General durante el gobierno de Danilo Medina, es señalado por el Ministerio Público como el cabecilla de una presunta estructura criminal que operó desde esa institución para desviar fondos públicos
. La magnitud del expediente, que incluye miles de pruebas documentales y testificales, ha mantenido en vilo a la opinión pública desde que el caso salió a la luz en 2021.
Además del exprocurador, el expediente incluye a otras 15 personas, entre ellas exempleados de la Procuraduría, empresarios y asesores externos, todos acusados de formar parte de una red que supuestamente manipuló procesos de compras, desvió recursos y financió campañas personales con fondos estatales.
La modificación de las medidas coercitivas no implica la desvinculación del proceso judicial. Por el contrario, el Ministerio Público ha reiterado su compromiso de continuar con las audiencias preliminares y presentar en su momento la acusación formal que podría llevar a juicio a todos los implicados.
La decisión del tribunal marca un nuevo capítulo en uno de los casos de corrupción más relevantes en la historia reciente de República Dominicana, en el que se juegan no solo responsabilidades penales, sino también la credibilidad de las instituciones de justicia frente a los reclamos sociales de transparencia y rendición de cuentas.
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