12 de julio de 2024

El Congreso estatal de Luisiana aprobó este miércoles una ley que obliga a los colegios y universidades que reciben fondos públicos a exhibir carteles con los Diez Mandamientos en sus aulas, convirtiendo así al estado en el primero de Estados Unidos que lo que exige.

No obstante, algunas organizaciones ya han advertido que deLa nueva ley, conocida como HB-71, establece que un texto de los Diez Mandamientos debe imprimirse en un cartel de al menos 27 por 35 centímetros y estar visible en cada aula

Especifica una versión concreta de los mandamientos, y cualquier desviación de esta Los carteles deberán estar exhibidos en las aulas públicas a principios de 2025. Las exhibiciones irán acompañadas de una “declaración de contexto” de cuatro párrafos que describa cómo los Diez Mandamientos “fueron una parte destacada de la educación pública estadounidense durante casi tres siglos”.

Los carteles se financiarían mediante donaciones, según informó NBC News.

Dodie Horton, legislador republicano y promotor del proyecto, defendió la medida al afirmar que los Diez Mandamientos son la “base de todas las leyes en Luisiana”, detalló la agencia EFE. Por otro lado, los demócratas, que votaron en contra de la ley, argumentan que es inconstitucional.

“Descaradamente inconstitucional”

Organizaciones de derechos civiles como la Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU), Americanos Unidos por la Separación de la Iglesia y el Estado, y el Southern Poverty Law Center han anunciado que impugnarán la medida en los tribunales.

Argumentan que la ley de Luisiana viola el principio de separación entre la Iglesia y el Estado consagrado en la Primera Enmienda de la Constitución de Estados Unidos, que establece que “el Congreso no hará ninguna ley respecto al establecimiento de una religión, o prohibirá la práctica libre de las mismas”.

En un comunicado, las organizaciones calificaron la ley como “descaradamente inconstitucional”.

“La Primera Enmienda promete que todos podemos decidir por nosotros mismos qué creencias religiosas, si corresponde, mantener y practicar, sin presión del gobierno. Los políticos no tienen por qué imponer su doctrina religiosa preferida a los estudiantes y las familias en las escuelas públicas“, añadieron.

Asimismo, exponen que incluso dependiendo de la denominación religiosa o la tradición, los Diez Mandamientos podrían diferir. Por lo tanto, consideran que el gobierno “no debería tomar partido en este debate teológico y ciertamente no debería obligar a los estudiantes a someterse día tras día a promociones inevitables de la doctrina religiosa”.

 

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