8 de noviembre de 2024
La Marcha Verde retoma este 22 de enero el camino de sus exigencias de cero impunidad, en momentos

La Marcha Verde retoma este 22 de enero el camino de sus exigencias de cero impunidad, en momentos en que las autoridades muestran poco interés en llevar los casos de corrupción hasta sus últimas consecuencias.

La entidad vuelve al ruedo un año después de realizar su histórica marcha del 22 de enero del 2017 que encendió el debate sobre la corrupción y movilizó a miles de ciudadanos a lo largo del año pasado por gran parte del territorio nacional levantado la bandera de la transparencia en la administración pública.

Su fortaleza era tal que las marchas masivas, pacífica y ordenadas trascendieron las fronteras nacionales y los dominicanos que reclaman castigo para los corruptos se movilizaron en España, Canadá, Estados Unidos, Alemania y otras naciones.

“El sistema de justicia no mostró la eficiencia que la ciudadanía espera para enfrentar la corrupción, el tráfico de influencias o el crimen organizado trasnacional”, advierte la Fundación Institucionalidad y Justicia en un comunicado que divulgó el viernes pasado con motivo de la celebración del Día del Poder Judicial en el que advierte la deficiencia que afecta a la justicia dominicana.

El caso Odebrecht, uno de los más resonantes de los últimos años, luce estancado, a pesar de que el día 7 del de febrero el procurador Jean Alan Rodríguez debe presentar el expediente de los acusados, aunque legalmente puede solicitar la extensión de dicho plazo.

La Marcha Verde inaugura el año con una actividad donde volverá a reclamar que sean sometidos a la justicia los acusados de la comisión de actos de corrupción.

La última encuesta Gallup–Hoy, de octubre del 2017, establece que el 53% de los dominicanos estima que en el actual gobierno hay más corrupción que en el anterior.

La convocatoria es muy importante, pues se produce luego que personeros del gobierno, analistas políticos habían pronosticado el réquiem de tan importante movimiento social, que ha sobrevivido pese a las provocaciones que ha tenido que vencer.

La Marcha Verde, que en estos días cumple, el primer año de su nacimiento, ha sobrevivido pese a estar sometido a un fuego graneado de ataques provenientes no solo del gobierno, sino de sectores civiles que actúan en coordinación con el gobierno.

Sobrevivió a una campaña de querer presentarla como un movimiento violento, como un instrumento de la oposición política o asociada al narcotráfico. Recuérdese lo que paso con el peregrino de Moca, Juan Comprés, que en una vulgar operación de la Dirección Nacional de Control de Drogas, se le colocó droga en su automóvil, de la cual un ciudadano hizo un video que luego colgó en las redes sociales.

El país requería de una acción contundente, como la Marcha Verde frente a la corrupción, que le dijera a las autoridades que no todos los dominicanos apoyan la impunidad, que hay que ponerle freno al robo de los recursos del Estado.

Un único objetivo

El único objetivo que tiene la Marcha Verde es lograr que en el país no haya impunidad, que el robo de los recursos del Estado no sea premiado, sino que sus culpables reciban la debida sanción que establecen los códigos dominicanos.

Tras el surgimiento de la Marcha Verde la sociedad ha dado un giro en cuento a la lucha contra la corrupción. Ahora hay más exigencia para que se castigue a los corruptos.

En su segundo año de existencia la Marcha Verde tiene el reto de seguir exigiendo justicia contra los depredadores de los recursos del Estado.

Un único objetivo
El único objetivo que tiene la Marcha Verde es lograr que en el país no haya impunidad, que el robo de los recursos del Estado no sea premiado, sino que sus culpables reciban la debida sanción que establecen los códigos dominicanos.

Tras el surgimiento de la Marcha Verde la sociedad ha dado un giro en cuento a la lucha contra la corrupción. Ahora hay más exigencia para que se castigue a los corruptos.

En su segundo año de existencia la Marcha Verde tiene el reto de seguir exigiendo justicia contra los depredadores de los recursos del Estado.

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