rafael 
Santo Domingo, R.D. —
En una acción que refuerza la cooperación internacional en materia de justicia, el Poder Ejecutivo de la República Dominicana dispuso este martes la extradición de dos ciudadanos dominicanos requeridos por las autoridades judiciales de España y los Estados Unidos por la presunta comisión de delitos graves.
A través de los Decretos 228-25 y 229-25, el gobierno dominicano autorizó formalmente la entrega de Ernesto Pérez Sánchez y Francisco Javier Caminero Castillo, quienes enfrentarán la justicia fuera del territorio nacional.
Ernesto Pérez Sánchez será extraditado al Reino de España, donde fue condenado por un delito relacionado con la salud pública.
Fuentes vinculadas al proceso señalan que la condena estaría asociada al tráfico de sustancias controladas, uno de los delitos más perseguidos en el ámbito internacional.
El decreto que autoriza su entrega fue firmado bajo el número 228-25, y con él se cierra un proceso judicial que habría contado con el aval de la Suprema Corte de Justicia dominicana.
Por otro lado, el Decreto 229-25 ordena la extradición de Francisco Javier Caminero Castillo, requerido por la justicia de los Estados Unidos.
Aunque no se detallan los cargos específicos en la orden emitida por el Poder Ejecutivo, se ha informado que está vinculado a diversos delitos que podrían incluir fraude, lavado de activos o actividades relacionadas con el crimen organizado.
Su caso ha sido objeto de atención por parte de las agencias federales norteamericanas desde hace varios años.
Ambas extradiciones se producen en un contexto de reforzamiento de los lazos internacionales en la lucha contra el crimen trasnacional, especialmente el narcotráfico, el lavado de dinero y los delitos económicos.
La cooperación judicial entre República Dominicana y sus socios estratégicos, como España y Estados Unidos, ha sido clave para consolidar la imagen del país como un aliado comprometido con el cumplimiento del derecho internacional.
Portavoces del Ministerio de Relaciones Exteriores han reiterado que las decisiones adoptadas por el Poder Ejecutivo se apoyan en las convenciones internacionales suscritas por el Estado dominicano, y que los procedimientos fueron llevados a cabo con pleno respeto al debido proceso y a los derechos fundamentales de los extraditables.
Con estas extradiciones, el país vuelve a enviar un mensaje claro: no será refugio para quienes infrinjan la ley, sin importar su nacionalidad o el lugar donde hayan cometido los delitos.
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