
Washington, D. C. –
En un nuevo capítulo de la creciente polarización política en Estados Unidos, el presidente Donald Trump lanzó este sábado una dura acusación contra su predecesor, Joe Biden, a quien responsabilizó de haber “destruido el país” por su política de fronteras abiertas.
En un mensaje publicado en su red social, Trump no escatimó en palabras: “El corrupto Joe Biden destruyó nuestro país con su locura de fronteras abiertas permitiendo la entrada de criminales de todo tipo sin castigo”.
Trump aseguró que millones de migrantes han ingresado al país “entre ellos asesinos, narcotraficantes, pandilleros e incluso enfermos mentales”, y exigió una solución radical: deportaciones inmediatas. “¡Y rápido!”, sentenció, generando una oleada de reacciones en los círculos políticos y judiciales del país.
Pero sus declaraciones no quedaron en lo retórico. La Casa Blanca enfrenta una tormenta legal tras la deportación de más de 200 migrantes, principalmente venezolanos, hacia una megacárcel en El Salvador.
La medida, basada en la invocación de la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798, había sido explícitamente prohibida por el juez federal James Boasberg, quien ahora evalúa declarar en desacato al gobierno de Trump.
Según la administración, muchos de los deportados tienen presuntos vínculos con el Tren de Aragua y la pandilla MS-13, catalogadas como organizaciones terroristas.
Sin embargo, investigaciones periodísticas contradicen esta versión, señalando que la mayoría de los expulsados carecen de antecedentes penales. Esta contradicción ha encendido las alarmas en el Congreso y en organizaciones de derechos humanos, que denuncian violaciones al debido proceso y a tratados internacionales.
Mientras tanto, la tensión escala. Aunque un tribunal de apelaciones bloqueó temporalmente las sanciones contra el gobierno, Trump ha contraatacado sugiriendo un juicio político contra el juez Boasberg, una propuesta que ha avivado el fuego en el ya fracturado panorama político estadounidense.
Lo que empezó como una ofensiva discursiva se ha transformado en un conflicto institucional de gran magnitud, con implicaciones que podrían definir el rumbo de la administración y el futuro del debate migratorio en el país.